Advierten que si entra en vigor la ley antiinmigrante la economía del estado se va a desplomar.
Por: Omar Porcayo
A 21 días de que entre en vigor en Texas la infame ley antiinmigrante SB4, un juez federal descartó la demanda del Fiscal General del estado, Ken Paxton, en contra del Condado de Travis, para declarar la iniciativa como “constitucional”.
Poco después de que el gobernador Greg Abbott firmara la ley, Paxton presentó la demanda en un infructuoso intento de adelantarse a la ola de inconformidades que diversas organizaciones y ciudades que presentaron en la corte, por considerar el proyecto como discriminatorio.
Con esta resolución judicial, la demanda que ingresaron localidades como Houston, San Antonio y Austin, en contra de Texas, tomará preponderancia en el caso que deberá resolverse en una sala de San Antonio ante el juez federal Orlando García.
En junio, el juez García inyectó una dosis de optimismo a los demandantes de la ley “muéstrame tus papeles”, al resolver que el Condando de Bexar violó los derechos de un inmigrante indocumentado al retenerlo en una prisión por pedido del Servicio de Inmigraicón y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Aunque se trata de un juicio aparte, el magistrado puede haber dado indicios de que no aprobará una ley que otorga facultades a los policías para actuar como agentes migratorios y obliga a las autoridades a colaborar con ICE, reteniendo personas en sus cárceles.
Según activistas, la ley programada para aplicarse a partir del 1 de septiembre, creará un perfil racial en contra de las personas de origen hispano, que podrán ser interrogadas sobre su estatus migratorio a discreción de la policía.
Por otro lado, organizaciones como Texas Together, estiman que la ley causará pérdidas económicas en el estado de alrededor de 9,200 millones de dólares, y la eliminación de al menos 248,000 empleos, por el desplazamiento de la comunidad inmigrante a otras entidades.
“Si el 10 % de la población indocumentada de Texas se va, perderíamos 190 millones de impuestos federales y 223 millones en impuestos estatales y locales”, expresó en un foro de discusión sobre la ley, Dona Murphey, fundadora de Pantsuit Republic.
Otras organizaciones como la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, manejan cifras más desoladoras y preocupantes para la región. “Basado en los datos que manejamos de Arizona, en Texas serían un millón de trabajadores los que saldrían del estado, por lo menos”, afirmó su director, Fernando García.
La Asociación de Cámaras de Comercio México-Americana (TAMACC, por sus siglas en inglés), hizo un llamado a las autoridades a detener la puesta en marcha de la ley, pues sería apabullante para los negocios y crearía una escasez de mano de obra sin precedentes en el ramo de la construcción, la hotelería, la agricultura y servicios en general.
La población latina en general ha manifestado su preocupación en la cuenta regresiva para entrada en vigor de la peor ley antiinmigrante de la historia, por lo que el Consulado de México en Texas, ha lanzado una campaña de información a sus ciudadanos para mantenerse alerta ante la posible acometida.
“Lo más importante es la protección preventiva ahora, es decir, que respeten las leyes de tránsito, que eviten conflictos y discusiones, que atiendan lo que el oficial les dicen, que no digan nada, tienen derechos civiles que los ampara la constitución de los Estados Unidos para no decir nada”, expresó el organismo.
¿Llegará a ver la luz esta abominación de ley? En 21 días, lo sabremos.
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