El Paso, ciudad de Texas fronteriza con México, enfrenta un dilema.
Por: Nomaan Merchant
El calor del verano ha secado el río que la separa de Ciudad Juárez, permitiendo que cientos de personas lo cruzasen a pie recientemente para abrazar a familiares y tomarse fotos con ellos, en visitas de cuatro horas aprobadas por las autoridades fronterizas de ambas naciones, como parte de una iniciativa llamada “Abrazos, No Muros”.
Al mismo tiempo, todas las noches una cárcel local contratada por el gobierno nacional recibe cientos de inmigrantes que esperan ser deportados.
“Se envían señales cruzadas”, sostuvo uno de los comisionados del condado de El Paso Vincent Pérez, quien quiere que el centro de detención del condado anule su contrato con el U.S. Marshals Service. “Nuestras cárceles pueden ser usadas para hacer cumplir las leyes federales de inmigración si (los inmigrantes) son traídos por la Patrulla de Fronteras y el ICE”, agregó, aludiendo a las siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
La campaña del gobierno de Donald Trump contra la inmigración ilegal y una nueva iniciativa de Texas para ayudar a los agentes del servicio de inmigración hacen que El Paso se vea obligado a alojar a inmigrantes en cumplimiento de una política a la que se opone firmemente.
La mayoría de los residentes de El Paso tienen sus raíces en México, incluidas numerosas personas nacidas en Estados Unidos y criadas en la ciudad fronteriza más grande de Texas, que tienen parientes del otro lado del río Bravo. Las autoridades de El Paso dicen que se solidarizan con los inmigrantes que viven en Estados Unidos, tengan o no permiso de residencia, pero paralelamente la ciudad debe velar por el cumplimiento de las leyes inmigratorias.
Las autoridades usan celdas de El Paso para alojar a personas de la zona que esperan audiencias sobre su status inmigratorio como parte de un acuerdo de vieja data con el condado. Algunos funcionarios y activistas consideran que es más humano detener a los inmigrantes en El Paso que anular el contrato. Dicen que quienes son alojados aquí tienen más acceso a abogados y a sus familias que si fuesen a parar a cárceles distantes o a centros de detención privados.
Otras dos instalaciones que podrían alojar a los presos de El Paso se encuentran a más de 130 kilómetros (unas 80 millas), lo que implica que no podrían ser visitadas por familiares que no tienen auto o licencia de conducir.
“Luchamos para que se suspenda la detención de los inmigrantes, pero esta propuesta no va a conseguir eso”, afirmó Fernando García, director ejecutivo de Border Network for Human Rights, la organización sin fines de lucro de El Paso que lanzó la campaña “Abrazos, No Muros”.
“Si cancelan el contrato, ¿qué va a pasar con los inmigrantes detenidos en El Paso County?”, preguntó García. “Los van a llevar a otro lado”.
El Paso es una de las ciudades que, junto con organizaciones civiles, están demandando al estado en relación con la nueva ley estatal que fija castigos para las ciudades santuario. La ley exige a la policía que pregunte el status inmigratorio de una persona durante cualquier intervención de rutina. Los jefes policiales que no satisfagan los pedidos de las autoridades federales de que retengan a sospechosos de haber cometido delitos que no tienen permiso de residencia con miras a su posible deportación pueden ser acusados ellos mismos de haber cometido delitos.
Jueces federales de San Antonio y Austin escucharon argumentos sobre el caso en junio. Quienes demandan al estado quieren bloquear la ley antes de que entre en vigor en septiembre. El estado cuenta con el apoyo del gobierno nacional, que envió un abogado para que hiciese una presentación justificando la nueva ley en una vista.
La ley fue especialmente impopular en El Paso, casi 960 kilómetros (600 millas) al oeste del capitolio estatal. Más de un 80% de la población de El Paso es hispana. Pero de las ciudades y condados de Texas que demandan el estado, El Paso es la que aloja más inmigrantes detenidos, unos 700 diarios.
Estas detenciones representan un tercio de la capacidad carcelaria disponible en el condado de El Paso y generan cientos de trabajos. Según estadísticas suministradas por Pérez, el contrato con el gobierno nacional generó ingresos del orden de los 21 millones de dólares en el último año fiscal. El año que viene se decidirá si es renovado por otros tres años.
Pérez calcula que el 90% de los detenidos fueron arrestados por la Patrulla Fronteriza o por el ICE y que un 70% son acusados de volver a ingresar ilegalmente al país tras ser deportados o de otras infracciones similares.
Pérez no tiene apoyo en la comisión del condado, que maneja los asuntos administrativos. Su propuesta de cancelar el contrato, hecha durante una reunión de la comisión el 12 de junio, no fue apoyada por nadie y fue descartada.
El sheriff del condado de El Paso Richard Wiles, que es uno de los funcionarios mencionados en la demanda, dice que, además de mantener a los presos cerca de sus familias y la gente que los apoya, el contrato genera empleos en su oficina, que de lo contrario terminarían en manos de empresas privadas “a las que lo único que les importa es el margen de ganancias”.
“Hacemos posible que el proceso funcione de la mejor manera posible bajo las circunstancias”, sostuvo.
Acotó que el contrato con los marshals es un tema aparte, que no tiene nada que ver con la ley que castiga a las ciudades santuario, que obliga a la policía desempeñar funciones de los agentes del servicio de inmigración.
“No voy a impedir que los agentes federales hagan su trabajo, pero tampoco quiero hacer yo su trabajo”, manifestó Wiles.
La jueza del condado de El Paso Verónica Escobar se opone a la actual política hacia la inmigración ilegal y dijo que las nuevas leyes son “terribles”.
Pero sostuvo que El Paso debe colaborar con las otras dependencias del gobierno cuando corresponde.
“Hasta que cambiemos las leyes y vayamos al meollo del asunto, esta es la realidad. Podemos hacer que las cosas sean más fáciles o no”, expresó.