Nuevos reportes demuestran el verdadero alcance de la política de tolerancia cero del gobierno: se separaron muchos más niños inmigrantes de lo reportado.
Un nuevo reporte del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHS) fue publicado el pasado jueves. De acuerdo a esta nueva información, la estrategia de separación de familias comenzó mucho antes del anuncio de la política de tolerancia cero por parte del Departamento de Justicia. Asimismo, su duración se extendió hasta inicios del mes de noviembre del 2018.
Cuando el año pasado se le cuestionó al gobierno de Trump sus procedimientos, los voceros insistieron que no existía dicha política. Ahora se ha esclarecido que, pese a haber cruzado la frontera de la mano de sus padres, los menores fueron separados. No sólo eso, dicha política fue puesta en marcha desde el inicio de la administración del antiguo presentador de El Aprendiz.
La “política de tolerancia cero” ha sido implementada por el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Se utiliza para ciertos delitos de inmigración. Como resultado, las familias han sido separadas. Los adultos quedan detenidos en custodia federal, mientras los hijos son trasladados al cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).
El reporte determina que, si bien existió algún tipo de procedimiento similar durante administraciones previas, bajo el gobierno de Trump existe un importante aumento de separaciones. De acuerdo a la información proporcionada, durante la administración Obama los niños menores no acompañados representaban el 0.3% de todos los menores a cargo de la ORR. En la administración Trump ese número subió diez veces, en un corto plazo, hasta alcanzar el 3.6% de niños separados.
Pese a estos números, el total de infantes separados de su padre o guardián son desconocidos. Los datos sobre los niños separados que se tienen identificados están contemplados a partir de junio de 2018 derivado de una orden por parte de la Corte. Hasta el momento se tienen identificados a 2,733 niños. Sin embargo, miles de niños pudieron haber sido separados durante el lapso previo a la contabilidad requerida por el Tribunal. Si se considera que la práctica comenzó en 2017, los datos podrían ser abrumadores.
La Unión Americana de Libertades Civiles, quien demandó al gobierno por las separaciones, dijo que el informe publicado “reafirma que el gobierno nunca tuvo una idea clara de cuántos niños fueron separados de sus padres”. Asimismo, la organización asegura que el informe da pie para regresar a los tribunales y exigir mayor transparencia.
Mientras tanto, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional rechazó la conclusión del informe. En nombre del Departamento aseguró que el informe no proporciona una base sólida para las cifras contempladas.
Sin embargo, la portavoz del mismo departamento, Katie Waldman, dijo que el informe reivindica la afirmación del departamento de que el gobierno federal separa a los niños de padres con antecedentes penales. Es decir, los separa con la convicción de que los padres representan un peligro tanto para el país como para sus hijos.
Eso no es todo. Pese a la orden judicial de junio del 2018, en la que se le exigió al gobierno reunificar un aproximado de 2.500 familias, la Administración Trump no acató la instrucción. Para el mes de septiembre, casi 1.500 niños se encontraban desaparecidos de los registros.
Los mismos congresistas estadounidenses, tras un reporte del Capitolio que evidenció los datos antes mencionados, calificaron de preocupante el hecho de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos del gobierno no pudiera determinar con certeza el paradero de 1,488 niños, de los 11,254 que la agencia había ubicado.
Este no es el único informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos. El otoño pasado, el DHS produjo un informe no publicado que documenta el caos provocado por las separaciones familiares. Entre otras cosas, ese informe encontró que 860 niños migrantes se mantuvieron en celdas de la Patrulla Fronteriza por más de tres días, y que se tomaron medidas inadecuadas para rastrear las identidades de los niños demasiado pequeños para hablar.
Todo lo anterior es evidencia del alcance de la negligencia y el caos administrativo gestado por el gobierno a través de una medida controversial, considerada inhumana por organizaciones como Amnistía Internacional.