Otros estados gobernados por republicanos imitarían a Texas si no se detiene la ley.
Por: Omar Porcayo
Las manecillas del reloj siguen avanzando y aún no hay una decisión judicial sobre la controvertida ley SB4, programada para entrar en vigor el próximo viernes 1 de septiembre.
Activistas proinmigrantes y detractores de la ley también conocida como “muéstrame tus papeles”, se apostaron este miércoles afuera de la corte federal de San Antonio, donde el juez Orlando García deberá decidir si permite su ejecución, o la rechaza —como lo demandan varias ciudades y condados—, en una vigilia simbólica.
Como es conocido, la iniciativa que aprobó el gobernador Greg Abbott penaliza a las autoridades locales que no cooperen con los agentes de inmigración y otorga facultades a los oficiales para preguntar su estatus migratorio a las personas, incluso en paradas de tránsito.
“Es una ley inconstitucional, inmoral y racista, trae por delante un perfil racial bien diseñado porque está marcado en contra de nuestras comunidades, ha comenzado a separar a nuestras familias”, dijo a Mundo Hispánico, Teodoro Aguiluz, director del Centro de recursos Centroamericanos (CRECEN).
Austin, Dallas, Houston, San Antonio, El Paso, y recientemente San Marcos, se han unido a la batalla legal contra el estado para defender a millones de personas que viven en su territorio y serían afectados.
“Si me paran conduciendo por Texas y no llevo mi pasaporte estadounidense encima, como nunca lo hago, podrían detenerme únicamente basándose en mi apariencia física”, dijo en conferencia de prensa el senador republicano por Florida y presidente del Consejo Nacional de Presidentes del Caucus Hispano (BHCC), René García.
La lucha en contra de la discriminación hecha ley ha traspasado las fronteras de Texas, pues varios representantes han alertado sobre la posibilidad de que al ser implementada otros estados la emulen y la pongan en práctica.
Mary González, legisladora estatal de Texas y miembro también del BHCC, dijo que la decisión del juez García tendrá relevancia nacional, pues sentará un precedente en cualquiera de las direcciones que sea su veredicto.
“Es momento de estar unidos y hacer frente a los ataques que sufre la comunidad latina residente en todo el territorio estadounidense”, dijo González de extracción demócrata.
La administración Trump ha emprendido una cruzada nacional en contra de las ciudades santuario en concordancia con esta ley texana. El Fiscal General Jeff Sessions ha amenazado a localidades de California con restringir fondos federales si persisten en no colaborar con “La Migra”.
Organizaciones de derechos civiles prevén que en caso de aprobarse la SB4, tan solo en Texas las detenciones y deportaciones aumentarían exponencialmente, dividiendo familias y haciendo el drama de los inmigrantes aún peor.
Los efectos de su aplicación a nivel nacional resultan inconmensurables.