Los contratos con empresas privadas que gestionan centros penitenciarios se acabarán... piden incluir a los de detención de inmigrantes, que tienen problemas de funcionamiento.
Por: Oso Oseguera
Entre 1980 y 2013, las prisiones federales en Estados Unidos incrementaron su población en al menos 800%, un ritmo más acelerado de con el que pueden recluir gente, según datos del Memorándum que envió Sally Yates, procuradora general adjunta del Departamento de Justicia en Estados Unidos, al director de las prisiones federales.
En un esfuerzo por mejorar el trato y la rehabilitación de los reclusos, Yates anunció la decisión de instruir a los responsables de declinar o renovar los contratos con prisiones operadas por compañías privadas.
“La meta –escribió Yates– es reducir y al final terminar los contratos con la iniciativa privada”.
Yates se fue a fondo: “Simplemente no proveen el mismo nivel de servicio correccional, ni programas ni recursos que las prisiones del gobierno federal; tampoco son más económicos, y no mantienen el mismo nivel de seguridad”.
La Agenda Nacional de Liderazgo Hispano (NHLA, por sus siglas en inglés), una coalición de 40 organizaciones para la defensa de los latinos, solicitó a Barack Obama que ordene el cierre de los centros de detención privados para inmigrantes.
We're so happy to hear that our nation is making progress in #CJReform https://t.co/bsOnGs9Fxt #JusticeIsNotForSale
— NHLA (@NHLAgenda) August 22, 2016
El Secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, siguió los pasos de Yates, y pidió que se revisen también los centros de detención de inmigrantes.
Grupos de derechos humanos a favor de los inmigrantes cuestionaron por qué no se aplicaba la misma lógica al sistema de detención de inmigrantes, que retiene a cientos de miles de personas encerradas cada noche. Las mismas dos empresas, Corrections Corp of America y GEO Group, son las que administran tanto las prisiones federales como los centros de detención de inmigrantes.
Johnson pidió al Consejo Asesor de Seguridad Nacional que revise la política de utilizar contratistas privados para administrar centros de detención y enviar un reporte para el 30 de noviembre.
Activistas como NHLA, que han visto a las compañías privadas que administran prisiones como un elemento que incrementó el crecimiento del sistema de detención de inmigrantes en las últimas dos décadas, vieron con buenos ojos la medida.
“La revisión de las prisiones debe empezar por la de Eloy, el centro de detención en Arizona, donde hay casos reportados de abuso sexual, muertes sospechosas y recientemente 200 detenidos se pusieron en huelga de hambre para protestar por el trato recibido en ese sitio”, le dijo Jacinta González, del colectivo Mijente, The Huffington Post.
“Hay muchas razones para creer que los centros de detención de inmigrantes, contratados como prisiones privadas, padecen de los mismos problemas revelados por el Departamento de Justicia”, le escribió Bob Libal, director de Grassroot Leadership, al diario electrónico.
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