Ahora los inmigrantes no quieren solo un alivio, quieren una solución definitiva.
WASHINGTON (AP) — El Congreso encara un año electoral con una pesada carga sobre sus hombros, gentileza del presidente Donald Trump: un plazo para resolver un tema que genera divisiones en el propio partido del mandatario y en torno al cual lleva años sin lograr un consenso.
Cuatro años después de que una reforma a las leyes de inmigración aprobada por el Senado naufragase en la Cámara de Representantes, Trump dejó en manos del Congreso la decisión de qué hacer con los casi 800.000 inmigrantes jóvenes que fueron traídos ilegalmente al país cuando eran niños y que estaban cobijados por un programa que impedía sus deportaciones. El secretario de Justicia Jeff Sessions anunció el martes que el programa lanzado por Barack Obama sería desmantelado en forma escalonada y quedaría sin efecto si el Congreso no intervenía para resolver el tema en los próximos seis meses.
No está claro qué sucederá al cumplirse ese plazo si el Congreso no toma medidas. Trump se limitó a decir el martes que si el Congreso no “legaliza” el programa, él “reconsideraría el tema”.
El Congreso tiene en sus manos un tema explosivo y un plazo que vence en marzo del año que viene, justo cuando comienza la campaña con miras a las elecciones de mitad de término, en las que se renueva buena parte de las cámaras legislativas. La inmigración es un asunto con consecuencias potencialmente devastadoras para los representantes republicanos, muchos de los cuales representan distritos conservadores que vieron con buenos ojos la retórica incendiaria de Trump en torno a la inmigración ilegal durante la campaña presidencial.
Estos legisladores podrían causar las iras de ese bloque si consideran cualquier cosa que pueda ser vista como una amnistía, a menos que el propio Trump le dé su sello de aprobación primero.
“Para empezar, hay que asegurar la frontera sur”, con México, declaró el representante Mark Meadows, líder del Freedom Caucus, una influyente corriente conservadora. “Si logramos asegurar la frontera, entonces podremos abordar el DACA desde otra perspectiva”, agregó, aludiendo a las siglas en inglés del programa que cobija a los inmigrantes jóvenes sin papeles.
Para complicar las cosas, funcionarios del gobierno dejaron en claro que quieren reformas amplias, que no se limiten la situación de ese bloque. La secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders dijo que el objetivo es incorporar controles a las fronteras y mejorar la seguridad y el cumplimiento de las leyes, entre otras cosas.
“No podemos limitarnos a resolver un asunto aislado”, dijo Sanders. “Hay que adoptar una reforma integral, responsable y legal. Eso es lo que espera el presidente del Congreso”.
“Y si no pueden hacerlo, tienen que hacerse a un lado y dejar que otros se ocupen de esa pesada carga”, acotó.
Los líderes legislativos republicanos descartaron una reforma integral, que se supone debería resolver el status de unos 11 millones de inmigrantes que están en el país ilegalmente. Ese es el gran obstáculo con que tropiezan los legisladores al abordar el asunto de la inmigración ilegal.
Pero si lo que se busca es una reforma gradual que combine una solución para los jóvenes y otros pasos, como reformas a los visados y una mejor seguridad en la frontera, “podría haber un acuerdo”, comentó el senador John Cornyn.
Nadie sabe qué aspecto tendrá esa reforma. Pero en un partido que ganó las elecciones del 2016 en buena medida gracias a la línea dura que expuso hacia la inmigración ilegal, los republicanos a favor de una reforma a las leyes de inmigración creen que se puede conseguir algo.
“Para los republicanos, este es un momento definitorio”, dijo el senador Lindsey Graham, que ayudó a redactar el proyecto de reforma que se estancó en el 2013 y coauspicia una legislación nueva con el senador demócrata Dick Durbin, que permitiría que los inmigrantes jóvenes que se criaron en Estados Unidos consigan la residencia legal y eventualmente la ciudadanía si satisfacen una serie de requisitos.
Graham dijo que los republicanos que se oponen al proyecto y a permitir que esos jóvenes permanezcan en Estados Unidos “deberán demostrar que estos chicos no deben quedarse aquí. Porque yo voy a explicar por qué deben quedarse”.
De todos modos, reina el escepticismo y hay quienes piensan que un Congreso que no pudo cumplir la publicitada promesa de anular el plan de salud de Barack Obama no será capaz de resolver un asunto más difícil todavía, que ha atormentado a los legisladores durante una década.
“No hemos encontrado el camino”, admitió el representante republicano Lee Zeldin.
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