Como David contra Goliat, estos jóvenes no temen enfrentarse al poderoso.
Por: Omar Porcayo
La decisión de Donald Trump de cancelar el programa de Acción Diferida para los llegados en la niñez, generó una ola de condena dentro y fuera de los Estados Unidos, pero también una movilización combativa que pone a prueba la solidez de las instituciones de impartición de justicia.
A la demanda conjunta de 15 estados y el Distrito de Columbia, así como la de California, se sumó este lunes la demanda de seis “Dreamers” que llevaron su caso a una corte federal, porque el presidente realizó una “violación sin precedentes” de sus derechos al terminar de un plumazo el alivio que les permite trabajar y estudiar, a pesar de su estatus migratorio.
“La decisión de poner fin al programa DACA es una promesa incumplida y una violación sin precedentes de los derechos constitucionales de los demandantes y de otros jóvenes que confiaron en el Gobierno federal para honrar su promesa”, se lee en la demanda ingresada en la Corte del distrito norte de California, en San Francisco.
Los seis beneficiarios del programa, entre los que se encuentra la conocida abogada Dulce García, buscan que el poder judicial obligue al gobierno de Trump a cumplir su promesa de mantenerlos a salvo del peligro de la deportación y revertir su anuncio, ya que alegan, es anticonstitucional e ilegal.
En el conjunto de demandantes hay estudiantes de prestigiadas universidades como la de California y Harvard.
“El fin de DACA impedirá a la señora Chabolla cumplir su sueño de trabajar como abogada y ayudar a las personas de comunidades desfavorecidas a obtener justicia a través del sistema legal”, ejemplifican los “Dreamers” en el documento, sobre el caso de la mexicana Viridiana Chabolla Mendoza, quien llegó a la Unión Americana a los dos años, fue aceptada en la universidad y ahora su futuro pende de un hilo.
La decisión de Trump ha abierto muchos frentes en distintas cortes, hay demandantes que le acusan de un sesgo antimexicano, mientras que otros esgrimen el argumento del daño económico al país.
El Congreso ha asegurado en voz del aparato demócrata, que hará lo posible por legislar para garantizar la permanencia de 800,000 jóvenes amparados bajo DACA.
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