Los dueños originales de Nuevo México, Arizona y Colorado, batallan por lo suyo.
“Una de las guerras más injustas en la historia”, así describió Octavio Paz en su clásico “El Laberinto de la Soledad”, el conflicto armado en el que Estados Unidos arrebató la mitad de su territorio a México. 160 años después de consumada la apropiación a través del Tratado de Guadalupe Hidalgo, aún hay familias mexicanas que siguen peleando en tribunales por lo que es suyo.
La firma del tratado que en 1848 puso fin a la guerra mexicoamericana establecía que el gobierno estadounidense respetaría la propiedad de las familias mexicanas ya asentadas en la zona y las concesiones hechas bajo el dominio de España y México en los estados de Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado y California, sin embargo, en la mayoría de los casos no ocurrió así y los pobladores fueron desplazados por colonizadores blancos.
El documento también garantizaba la ciudadanía norteamericana para los pobladores originarios.
Los estudios de George I. Sánchez plasmados en el libro “El pueblo olvidado: un estudio de los neomexicanos”, documentaron la marginación y la pobreza en la que quedaron miles de familias luego de que se les arrebataron sus tierras.
Desde la mitad del siglo XX y hasta nuestros días, varias organizaciones de herederos en Arizona, Nuevo México y Colorado, han luchado por reestablecer sus derechos de propiedad, además de otros como el pastoreo y el acceso al agua.
Dado que lo estipulado por el tratado sigue vigente, en las cámaras de representantes locales y tribunales estatales, se siguen presentando recursos en contra de la histórica injusticia.
Héctor Balderas, fiscal general de Nuevo México, anunció esta semana que trabaja para anular el traspaso de tierras que se hizo en 2003 a un grupo empresarial de Colorado. El argumento es que se trató de una maniobra ilegal pues sus dueños legítimos son hispanos y están protegidos por el tratado.
En el mismo estado, el congresista republicano Steve Pearce, presentó una iniciativa de ley que brinda a las familias mexicanas mayores herramientas para que revisar demandas de tierras perdidas como producto del conflicto armado.
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