"No, señor, no tengo por qué responder de dónde soy".
Por: Omar Porcayo
¿Qué tiene que hacer un agente de la Patrulla Fronteriza preguntándote tu nacionalidad lejos de la frontera, cuando ni siquiera has salido del país? Para muchas personas, se trata de una violación a los derechos consagrados en la Constitución.
Desde 1976 la Suprema Corte otorgó facultades a agentes de la Patrulla Fronteriza para establecer puntos de revisión en una franja de 100 millas de distancia de la frontera, solo para efectos de revisión migratoria, siempre y cuando fueran mínimamente invasivos y por una sospecha razonable.
Sin embargo, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), ha denunciado que los agentes habitualmente sobrepasan sus atribuciones e ignoran los límites, invadiendo la privacidad de los ciudadanos y sus garantías individuales.
Algunos ciudadanos han documentado en video el momento en el que fueron detenidos en un punto de revisión arbitrariamente y apegados a sus derechos, se negaron a contestar las preguntas de los agentes:
“¿Estoy detenido?”, “Entonces me puedo ir”, “No tengo por qué contestarte”, “¿Qué autoridad tienes para pedirme mis documentos?”, son algunas de las frases con las que los ciudadanos se defienden de este polémico procedimiento.
Es importante acercarse a organizaciones de atención al migrante, para saber cómo responder a los cuestionamientos de la autoridad, en caso de ser revisado.
“La cuarta enmienda de la Constitución protege a los estadounidenses de detenciones aleatorias y arbitrarias”, explica ACLU.
“El problema se genera por la falta de capacitación de los agentes y la falta de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional. La franja fronteriza de 100 millas no está al margen de la Constitución, pero el gobierno de los EE. UU. frecuentemente actúa como si lo estuviera”, agrega la organización.
Casi 200 millones de estadounidenses viven en esa franja imaginaria que marcó la Suprema Corte y son potenciales sujetos de las revisiones. Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Filadelfia, Phoenix, San Antonio y San Diego, son grandes centros urbanos donde la Patrulla Fronteriza puede establecer sus retenes.
Aunque el Departamento de Aduanas y Seguridad Fronteriza no aporta cifras oficiales, se estima que hay al menos 170 puntos de revisión y algunos han aparecido fuera de la franja de las 100 millas.
ACLU asegura que la falta de transparencia y poca rendición de cuentas del organismo genera abusos de parte de los oficiales.
Ciudadanos de pequeños poblados como Arivaca en Arizona, han exigido que se retiren los retenes que se han vuelto permanentes a las afueras de su localidad.
“Si fuera rubia y de ojos azules, no me detendrían. Me tratan como si hubiera llegado por el desierto ayer”, dijo a The Guardian Carlota Wray, ciudadana estadounidense de origen mexicano que tiene que enfrentar habitualmente los cuestionamientos de la patrulla fronteriza al salir de Arivaca.
Aunque el video en el que varias personas se negaron a cooperar con la patrulla fronteriza ha recibido una gran respuesta y tiene más de nueve millones de reproducciones desde que fue publicado en 2013, otros casos han sido menos venturosos. En 2015 la estudiante de derecho Jessica Cooke fue sometida con descargas eléctricas por exigir sus derechos y negarse a cooperar.
Los agentes involucrados, Chad Kenna y Nicole Martin fueron investigados por el incidente, pero no les fincaron cargos, sin embargo Cooke presentó en Nueva York una demanda en la que pide dos millones de dólares por daños y perjuicios.
La recomendación de los especialistas es conocer los derechos individuales, independientemente de su estatus migratorio y acudir a un abogado en caso de ser objeto de algún abuso de la autoridad.
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