Las boconerías de los republicanos llegarán a oídos del juez García.
Por: Omar Porcayo
La contraofensiva ante la próxima entrada en vigor de la ley SB4 en Texas se sigue robusteciendo y no escatima recursos, ya que hasta los comentarios ofensivos y racistas que han realizado los propios legisladores republicanos que impulsaron la iniciativa, serán usados en su contra en la corte.
Los detractores de la ley “muéstrame tus papeles” aseguran que se trata de una iniciativa que fomenta intencionalmente la discriminación en contra de la comunidad hispana y crea un perfil racial. Además de atacar a las ciudades santuario, permite a los oficiales de policía actuar como agentes de inmigración a su discreción.
Como atenuante, legisladores latinos presentarán al juez que escuchará la demanda, comentarios y testimonios del comportamiento de sus colegas que votaron “sí” a la ley que entraría en vigor en próximo 1 de septiembre.
“Estaba comiendo con varios legisladores latinos en el restaurante Wu Chao, cuando el representante Ron Simmons se acercó y nos dijo: ‘Hey, muchachos, ¿ya saben que aquí no se venden enchiladas?'”, cuenta en la documentación presentada a la corte César Blanco, representante del distrito 76 de El Paso.
Simmons es miembro del grupo libertario, un sector ultraconservador del Partido Republicano, que lideró con vehemencia la aprobación de la ley.
Por supuesto que el incidente protagonizado por el republicano Matt Rinaldi se encuentra entre la documentación que deberá revisar el juez Orlando García de San Antonio en los próximos días.
Rinaldi provocó un conato de bronca en el piso del Congreso estatal durante el día final de la legislatura, cuando llamó al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), para pedir que retiraran de la sede a los manifestantes.
“Fuck them (Que se jodan)”, dijo a representantes latinos Rinaldi. “Me alegro, porque llamé a ICE para que se lleven a estos indocumentados”, agregó, asumiendo que los inconformes tenían un estatus migratorio irregular solo por su apariencia.
El político texano fue más lejos, amenazando de muerte a congresistas latinos durante el escarceo.
Diego Bernal, representante de San Antonio, adjuntó a las evidencias, ejemplos de ataques raciales de los que ha sido víctima en redes sociales. No es el único político hispano al que nativistas y conservadores han tratado de intimidar.
This is just wrong. I'm not that small and he's not that skinny. But, seriously, this is pretty sad. #txlege https://t.co/JfPVK0sDhB
— Diego Bernal (@DiegoBernalTX) May 30, 2017
El gran expediente que se ha armado en la demanda consolidada que presentaron ciudades como El Cenizo, El Paso, San Antonio y organizaciones como MALDEF, LULAC, busca evidenciar que se trata de una ley con intención discriminatoria.
No sería la primera vez que en Texas se frena una intentona legislativa con tinte racial. Según La Opinión desde 2011 se cuentan seis decisiones de jueces federales en ese sentido.
“Nadie dice abiertamente, vamos a aprobar una ley para oprimir a los latinos… Pero todo esto que presentamos es evidencia circunstancial del estado mental de estos legisladores, que públicamente han usado estereotipos raciales”, dijo al diario angelino Thomas Saenz, presidente de MALDEF.
El gobernador Greg Abbott y los impulsores de la ley, aseguran que se trata de un intento de preservar la seguridad en el estado, pero su propio comportamiento da indicios de que hay un dejo racial escondido.
El juez García no es la mejor noticia para Abbott y compañía, ya que recientemente se pronunció en contra de la detención de inmigrantes indocumentados en cárceles del estado por petición de ICE.
México también se sumó
A toda la evidencia, se suma una declaración jurada del gobierno mexicano que con respeto a la soberanía estadounidense busca apoyar y reforzar las demandas en contra de la SB4.
“La declaración no es en sí misma una demanda (…) es para brindar el contexto al juez, a fin de que pueda tener elementos de utilidad para poder decidir”, dijo en rueda de prensa Alejandro Alday, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En este documento México hace del conocimiento del juez García su preocupación por la situación de sus ciudadanos y los problemas en el Consulado que podría generar estar atendiendo todos los días problemas originados por la ley.
“Es obligación de México vigilar que las autoridades no violen los procesos debidos en torno a la aplicación de la ley”, explicó Carlos Sada, subsecretario de la SRE para América del Norte, Carlos Sada.
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