Detienen a dueño de restaurantes mexicanos por contratar a indocumentados

Detienen a dueño de restaurantes mexicanos por contratar a indocumentados

El empresario enfrenta 17 cargos criminales

José Luis Bravo, un empresario dueño de una cadena de restaurantes mexicanos en Estados Unidos, fue arrestado por contratar a indocumentados en sus establecimientos.

El empresario, naturalizado estadounidense, está acusado de ser el líder de lo que catalogan como una “empresa delictiva organizada”, que traficaba con indocumentados de México y Centroamérica para que trabajaran en sus restaurantes.

Según la acusación interpuesta en una corte federal de Kansas, en Missouri, el empresario tenía a los migrantes trabajando en condiciones precarias y no les pagaban ni el salario mínimo, ni las horas extras que laboraban.

Bravos Mexican Grill, uno de los restaurantes que empleaba a indocumentados

Bajo este esquema, el empresario y 18 de sus colaboradores, habrían logrado evadir impuestos estatales y federales.

La Fiscalía encasilló este caso como una violación a la Ley contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, conocida como RICO por sus siglas en inglés, la cual fue utilizada para enjuiciar a cabecillas de la Mara Salvatrucha.

¿Cómo operaba la empresa?

De acuerdo con el Departamento de Justicia, desde julio de 2003 al pasado 10 de agosto el empresario traficó con indocumentados de México, El Salvador y Guatemala para emplearlos en sus 45 negocios.

Para evitar que los descubrieran, Bravo les daba alojamiento y transporte a sus lugares de trabajo, también les ayudaban a tramitar documentos falsos y les pagaban en efectivo.

Además de José Luis Bravo, hay cargos contra otras 18 personas, incluidos el director financiero, los controladores, el gerente de ventas y ocho gerentes anteriores.

En total Bravo enfrenta 17 cargos criminales, incluidos crimen organizado, lavado de dinero y conspiración para transportar y contratar a indocumentados. El empresario podría recibir una sentencia de hasta 128 años de prisión.

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