Es conocido que los inmigrantes indocumentados están bajo el acoso de las autoridades de inmigración, pero las amenazas a activistas son un nuevo límite que rompen con descaro.
Francisco Mendoza publicó el pasado domingo en su cuenta de Facebook un video de un tenso enfrentamiento entre manifestantes y agentes de la Patrulla Fronteriza en las inmediaciones de un restaurante mexicano tras una protesta en el centro de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Otay Mesa, California.
Como se observa en las imágenes, los defensores de derechos humanos que habían manifestado su inconformidad por las cientos de detenciones de “La Migra” en el estado y la separación de menores de sus padres, se vieron sorprendidos por los oficiales, que se acercaron amenazantes sin explicar claramente el motivo.
“Por qué están aquí?, solo para asustarnos, que hacen aquí eso se llama acoso” expresó Mendoza, visiblemente alterado.
Al ver que cada vez llegaban más patrullas al lugar, los activistas exigieron hacer valer sus derechos y en ningún momento se amilanaron.
“Nos persiguen porque estábamos en el rallie en contra de la cárcel a donde ustedes llevan a la gente, eso se llama acoso, no les da pena, asi es que tratan a su gente”, denunció.
“La Migra” no tiene atribuciones para actuar como policía, ni para interactuar con las personas o preguntarles su estatus migratorio, sin un motivo fehaciente.
“Vendido, así es que tratas a tu gente, vendido, debería darte pena González”, le gritaron a uno de los oficiales los inconformes.
Estoica, la multitud se aglomeró gritando, “Raza sí, Migra no”. Después de varios minutos y sin razón legal para encararlos, la Patrulla Fronteriza se retiró del lugar.
No habría sido la primera ocasión en que ICE va contra un orador o activista tras una manifestación. Alejandra Pablos y Maru Mora Villapando, recibieron citaciones tras realizar sus actividades.
El presidente Donald Trump ofreció reclutar miles de agentes para sumarlos a la ya de por sí mayor fuerza del orden del país, sin embargo, la dependencia ha sido sacudida por escándalos de corrupción al interior, problemas que según especialistas se agravarían si se relajan aún más los protocolos de contratación con tal de cumplir la cuota impuesta por el gobierno federal.
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